“… dejé la cantidad de 40 mil pesos, dinero de una tanda que recibí el día de ayer, y al revisar la bolsa me di cuenta que ya no había nada” (Angélica Anaya Cisneros)
LPL José Guadalupe Isabeles Martínez
En esta edición aprovechamos para compartir y denunciar un caso más de impunidad y corrupción en esta municipalidad, particularmente en la localidad de Usmajac, Jalisco, municipio de Sayula. Es el caso de Angélica Anaya Cisneros y Adalberto Villalobos Arroyo, originarios de esta ciudad. Al mes de marzo 2010, hacía 21 años que alquilaban un local comercial ubicado en la calle Hidalgo #39-A, casi esquina con Juárez, en Usmajac. El 2 de marzo 2010 fueron despojados con dolo y violentando sus derechos más elementales.
Angélica y Adalberto se dedican a la producción y venta de pan. Para tales fines rentaban el local que se muestra en la fotografía, que es parte de una propiedad del Ejido Usmajac (ahora casa de enlace). Hasta entonces tenían 21 años pagando renta en tiempo y forma, con documentos que, como observé personalmente, así lo acreditan. Entre los días 08 y 12 de febrero 2010, fueron notificados –de buenas a primeras- que tenían 72 horas para desalojar. El entonces comisario ejidal José de Jesús Beatriz Vargas, aseguró –falsamente- que la asamblea del ejido ya había tomado la decisión y debían desocupar. Angélica y Adalberto nunca se negaron a hacerlo, lo único que pedían era tiempo para conseguir otro local y cambiarse. Nunca se los dieron.
El 14 de febrero, según consta en copias oficiales y certificadas que tengo en mi poder (Expediente JM/140/2010 y otros), compareció en el Juzgado Municipal de Sayula el señor Adalberto Villalobos presentando queja contra Jesús Beatriz Vargas, dado que era inminente los iban a “echar” del lugar. Por ese entonces, cabe mencionar, Jesús Beatriz ostentaba el cargo de “Presidente Comisariado Ejidal” de Usmajac, según se observa en copia de su identificación expedida con fecha de acta de asamblea del 29 de marzo 2008.
Se exigía a la autoridad municipal cumplir con su deber enmarcado en el artículo 16 del Reglamento del Juzgado municipal a fin de “intervenir en materia de conflictos vecinales o familiares (…).” Se envió citatorio al ahora ex comisariado Jesús Beatriz para presentarse el 15 de febrero de ese año. Ese día a las 13:15 horas tuvo lugar la “audiencia de defensa” derivada de la querella.
En esa ocasión, Beatriz Vargas expuso: “… yo soy el presidente comisariado ejidal... y a mí no me entregaron ningún contrato donde me informen que estas personas les estoy rentando así que yo soy únicamente el representante de los ejidatarios y yo sigo las decisiones de todos ellos… ese local lo queremos para usarlo como oficinas… pues llegarán programas y apoyos que generarán empleos… y si no se salen se van a echar a la gente encima así que yo no les voy a firmar ningún papel porque yo no me quiero comprometer en nada sin la autorización de los ejidatarios y estas personas que están aquí [Angélica y Adalberto] son las que se tendrán que justificar con la gente porque yo las oportunidades no las voy a dejar ir y ni los ejidatarios tampoco y por eso queremos la oficina al tiempo de ya” (sic).
En la resolución de la autoridad municipal, se expresó que era oportuno intervenir entre las partes con el objeto de dirimir el conflicto. El 2 de marzo 2010 la señora Angélica Cisneros comparecía en el juzgado a las 18:10 horas denunciando que alrededor de las 16:30 horas fue a su local “con la carga de pan”, y señaló: “me di cuenta que al quitar los candados no pude abrir la cortina metálica” que estaba amarrada con alambres por dentro (Expediente JM/055/2010). Les habían robado 40 mil pesos en efectivo, “de una tanda que recibí el día de ayer”, comentó. Mismo que era para pagar un pedido de harina que se adquirió a crédito. Para esto los artífices de los hechos hicieron un boquete en la pared de unos 50x60cm que conecta con la casa ejidal. La camioneta del comisariado Jesús Beatriz, se encontraba en esos momentos cargada con el escombro producto del hurto. El propio Beatriz Vargas reconoció haber sido él mismo el encargado de lo ocurrido.
Hasta hoy, no hay culpables, no hay responsables, no hay nadie en la cárcel. A la fecha, ninguna de las pertenencias del local fueron devueltas a Angélica y Adalberto. El lugar fue rentado al actual diputado federal Alberto Esquer Gutiérrez (PAN), y a la congresista local plurinominal Margarita Licea González (PAN).
PD. En próximas ediciones estaremos dando a conocer más información sobre este caso, así como posibles complicidades de 2 diputados. Por otro lado, anunciamos la entrevista al secretario general del Ayuntamiento, Arturo Fernández Ramírez, misma que pronto podrá ver en nuestro canal de YouTube.
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