Me pregunto cuantas personas en las asociaciones vecinales que está promoviendo el rivismo con fundamento en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, están al tanto de las reglas del juego. Y es que el mal llamado Reglamento de Participación Ciudadana del municipio de Sayula -porque no regula toda la gama de participación, sino principalmente las asociaciones vecinales-, contiene a todas luces vicios que pueden llegar a significar menoscabo a su autonomía. Si bien, el objeto de las asociaciones es colaborar con el Ayuntamiento para: promover, gestionar, ejecutar y mantener las obras de infraestructura, equipamiento, y la prestación de los servicios públicos, éste podrá “discrecionalmente reconocer representación y participación social ante él” y revocar en cualquier momento el reconocimiento a cualquier organización.
La Dirección de Participación Ciudadana (DPC), será el órgano representante del Ayuntamiento ante las asociaciones, y tramitará las solicitudes de “reconocimiento.” Elaborará “manuales, instructivos y formularios que serán obligatorios para las asociaciones.
Otro vicio y muestra de oficialismo, está en que el gobierno municipal tiene facultades para autorizar los estatutos y/o reglamentos de las asociaciones; así como contar con los padrones de vecinos que se deben entregar actualizados anualmente.
La DPC, podrá intervenir en la “constitución y renovación de mesas directivas de las asociaciones o cualquier otra forma de asociación ciudadana y vecinal.” En otras palabras remover a los integrantes de las mesas directivas.
Las asociaciones vecinales se sujetarán a la “dirección, supervisión y evaluación” del Ayuntamiento en función de las obras o servicios públicos en que participen, y la DPC validará sus acuerdos alcanzados en asamblea.
Mire esto: la DPC podrá convocar a los sayulenses a través de las asociaciones registradas y reconocidas, a que asistan al informe de gobierno del presidente municipal. Aunque es un reglamento aprobado en mayo 2009, no deja lugar a dudas de las intenciones políticas del oficialismo sayulense.
Estos son, en resumidas cuentas, los vicios que percibo en el mal llamado Reglamento de Participación Ciudadana, que: 1) debería cambiar de nombre, y 2) deberían atender en Cabildo para reparar dichos puntos reglamentarios y garantizar que los titulares de las asociaciones vecinales, cuenten con la autonomía suficiente para su pleno actuar, y no se vean subordinadas a las arbitrariedades del actual alcalde del PRD u otros.
Debemos poner especial énfasis en tanto se han formado ya varias asociaciones vecinales. En primer lugar porque no se resuelve quién encabeza la DPC, y se asume que sea el alcalde, pues suele ser así; en segundo lugar, porque aunque los señalamientos expresados aquí, están muy vinculados con la caución del mejor desempeño de las asociaciones, ello puede derivar inminentemente en un abuso y mal uso del poder por parte del Ayuntamiento.
PD. El objetivo de las asociaciones es encomiable, sin embargo el reglamento deja muchos cabos sueltos en cuanto a la relación a existir entre las autoridades y las asociaciones. No obstante los enigmas de ese funcionamiento ameritan otro espacio como este.
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