Leía el encabezado mientras dirigía la mirada para ver con qué frase comenzar. En ocasiones lo espontáneo es lo mejor, a veces no. Acomodé sobre mi mano izquierda doblada, parte de mi quijada, jale aire y me dispuse a escribir. Mis ojos me dicen que me estoy quedando ciego, “ni modo”, les digo yo, cerrándoles por unos segundos. Algún precio tenemos qué pagar, ¿no es así?
No quise titular la opinión de hoy como “Plan Mérida”, pues aunque hablo de él, tal iniciativa no es el espíritu del texto, sino el Imperio, el de la ley, y con él el de la justicia. Imperio viene del latín “imperium”, que podemos traducir como “dominio”. Y extendiendo nuestro coloquio, podemos dirigir la mente hacia un posicionamiento ofensivo contra cualquier inconsistencia en la aplicación de las normas.
Sabemos que el Plan Mérida, conocido también como Iniciativa Mérida o Plan México, surge de la reunión que sostuvieron el ex-presidente de la Unión Americana, George Walker Bush (hijo), y Felipe Calderón, en 2007, en la ciudad de Mérida, Yucatán. El proyecto ha sido criticado por su similitud con el Plan Colombia, uno signado por Andrés Pastrana y Bill Clinton en 1999, donde quedó en entredicho la soberanía colombiana.
La “Government Printing Office”, que es una oficina de acceso a la información en Estados Unidos, muestra un documento digital acerca de la Iniciativa Mérida, cuando en principio Bush solicitó al Congreso estadounidense recursos para dicho plan, que en un inicio eran 500 millones de dólares para México, y 50 mdd para Centroamérica, pues el Plan también incluye a tal región. El documento de 139 páginas: “The Merida Initiative: Guns, Drugs and Friends” (La Iniciativa Mérida: Armas, Drogas y Amigos), muestra la estructuración de aquel Plan, que hoy si bien no es el mismo, sigue conservando su esencia.
Además del entrenamiento a policías, cuerpos caninos, dotación de aeronaves Cessna Citation, equipamiento de radares, camionetas con rayos x, helicópteros, equipos de cómputo, sistemas de comunicación, y un largo etcétera más, la información revela aspectos como “expandir la cultura de la legalidad”, el “mejoramiento del sistema de justicia criminal” en México, pues señala que “el sistema de administración de justicia es ineficiente” y por tanto está listo para la corrupción. Inclusive habla de apoyo a escuelas de leyes así como a barras de abogados (p. 31).
Se hace ver que la justa observancia en la aplicación de la ley, traerá como resultado que en un largo plazo, los mexicanos respetemos las leyes por convicción, porque si las cosas se están haciendo bien arriba, ¿por qué no habríamos de hacerlo abajo? Se deja claro que permitir a cualquier ciudadano denunciar crimen o corrupción, y garantizarle seguridad en lo posterior, generaría paulatinamente una atmósfera de confianza inquebrantable. En pocas palabras, que impere la ley, y con ello la justicia, y de eso se dará prueba fidedigna, el día glorioso en que caigan no sólo ratoncitos de la política, sino cabezas de sindicatos, congresistas, secretarios de Estado, gobernadores y presidentes de la República.
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Opinión Virtual: www.youtube.com/joseisabeles
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