El 20 de julio, 12 policías fueron avisados serían dados de baja en Sayula, porque así lo determinó la comisión de ‘Honor y Justicia’ que encabeza y monopoliza el veterinario y presidente municipal Samuel Rivas Peña. Se explicó que el fundamento era: no habían pasado una serie de pruebas aplicadas en enero pasado (antidoping, detector de mentiras...). Inmediatamente los expolicías tronaron contra el alcalde perredista, y ahora la amenaza de las demandas laborales es inminente.
El 31 de julio y 1° de agosto, busqué para entrevistar a elementos de policía en activo, y a policías renunciados por el gobierno municipal. Me entrevisté con el ex comandante de policía Omar Navarro, quien comentó no estar interesado en volver a su puesto, así como tener la conciencia totalmente tranquila, ya que lo acusan de tener vínculos con organizaciones delictivas, de lo que me explicó, son relaciones con pandillas, según le expusieron autoridades. Una relación necesaria de prevención en lo que él es experto y para lo que tantos años se ha capacidado.
Después de platicar con tres de ellos, puedo concluir que Samuel ya padece los achaques que se generan en esta etapa de la vida conocida como andropausia. Lo digo respetuosamente porque no encuentro argumentos razonables, técnicos ni científicos de fondo para las acciones del ex militar, hoy alcalde.
Los tres coincidieron (por separado), que Rivas obliga a través del director operativo, a que los uniformados se queden “a fuerzas” a cubrir horas extras, pagadas, pero al final lo hacen contra su voluntad, so pena de ser renunciados por órdenes del “jefe máximo” Rivas. Esta fue la razón medular para los despidos: “no quisieron jalar.”
Cuando a uno de ellos pregunté: ¿qué fue lo que pasó verdaderamente?, sentenció: “Rivas se equivocó”, dado que no había razón trascendente para despedirlos, sino que debió darles otra oportunidad y someterlos a un proceso de mejora, como ocurre en ciudad Guzmán.
Un expolicía aseguró, hay elementos que resultaron con antidoping positivo y bajo esta condición fueron renunciados, aunque actualmente al interior de la corporación hay policías que han reprobado dicha prueba varias veces y siguen allí. La razón es que son los incondicionales del veterinario perredista.
A otros policías, les apareció que tenían propiedades y cuentas bancarias que ni siquiera ellos mismos conocen; otros son acusados de nexos con el narcotráfico y ni siquiera les encarcelaron, menos iniciaron investigaciones. Cuando en su caso deberían proceder legalmente.
Rivas la regó una vez más, y con esto se ha echado al pueblo encima, lapidando además su capital político. Porque por si fuera poco, nunca convocaron a los policías a ejercer su derecho de audiencia menos a alegar su defensa ante ‘Honor y Justicia.’
Al momento de este cierre, los abogados de los afectados se reunían con autoridades municipales para negociar un acuerdo y no llegar a las demandas laborales. Cosa de la que se ha encargado el secretario Arturo Fernández, ofrenciéndo a algunos reinstalarlos de nuevo porque saben, metieron la pata.
Opinión Virtual: www.youtube.com/joseisabeles
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