Dado que con los años se ha demostrado la ineficacia y costo de la administración pública, es por ello que en la Ciencia Política, así como en la Ciencia del Derecho, se piensa en la forma de observar para su estudio a los gobiernos en sus diversos niveles, a través de la imagen y función de una empresa. Aunque en verdad no se debe tomar en consideración el punto por los fines de lucro de las actividades derivadas del empresariado, generalmente, sino en el sentido de reducir costos, aumentar productividad y así también la competividad dentro del la función pública.
Cuando un producto o servicio en una empresa, digamos, de equipos de cómputo, resulta defectuoso y en el camino falla, el cliente se pondrá en contacto con la empresa proveedora para solucionar su problema. Cuando sean más los afectados y así lo demanden, la empresa se verá obligada a actuar en consecuencia. En ese sentido se explican, por ejemplo, los departamentos que atienden quejas y sugerencias de los mismos clientes. En otras palabras, las “unidades sensibles” de respuesta de una empresa, mismas unidades que deben fortalecerse el los distintos niveles de gobierno.
Por la misma línea, debe existir una responsabilización de los servidores públicos por más menor que pudiera ser su cargo público, es decir, el servidor público debe intentar atender y dar solución a todas las demandas sociales, o canalizarlas a autoridades competentes, cuando no sean de su encargo. Pero lo que sí, es que la autoridad debe actuar atendiendo aquello de que únicamente puede hacer lo que la ley le permita; y el particular puede hacer todo, excepto aquello que la ley le prohiba. De lo contrario, al no asumirse, se cae en una suerte de “desresponsabilización” ante la incapacidad para responder.
Ya que hoy en día nos encontramos frente a burocracias monstruosas que mantienen rutinas y procedimientos preestablecidos y de inercia, es por ello que el Derecho Administrativo debe ser parte inherente de la transformación de la muchas veces, aparatosa y pesada burocracia, tal como la UNAM, por ejemplo, con un presupuesto anual de más de 21 mil millones de pesos en 2009 (¡!), donde ésta se ha enquistado en ella, impidiéndole explotar al máximo todo su potencial.
Hoy hablamos entonces, de un “management público”, donde los servicios prestados al particular deben serlo con gran calidad. Por ejemplo, certificando los programas, procesos y prácticas que se realizan en las administraciones, dentro de las secretarias de gobierno, o de las direcciones municipales, con las certificaciones ISO 9001, que reconocen la calidad en los servicios, tal como se ha emprendido en la capital de Nuevo León: Monterrey.
Con las certificaciones de calidad, los gobiernos se comprometen a mejorarse, siendo más competitivos frente a, por ejemplo, otros ayuntamientos, o de entidad a entidad. Se reducen los costos y se tiende a economizar el servicio público, cumpliendo así con los objetivos intrínsecos y declarados de los gobiernos como el derecho a servicios dignos, a través de un uso eficiente de los dineros y múltiples recursos.
A la luz de estas menciones, se deja ver la “gobernanza” como un nuevo esquema de gobierno, que no busca en ningún momento convertir a la adminstración pública en una empresa cuyo objetivo sea la maximización se sus rentas (aunque muchas veces ni siquiera es ese el objetivo de una empresa, de lo que sí podría ser mantener su segmento de mercado, o subsistir, por ejemplo), sino maximiar en todo caso las utlidades de la ‘empresa’ pública hacia los gobernados, proveyendo servicios, programas y obras eficaces y eficientes.
No obstante, este nuevo esquema de gobierno, la gobernanza, pone de manifiesto que para el mayor de los éxitos, la sociedad debe observarse partícipe del gobierno, así como las organizaciones sociales. Coordinandose y ejerciendo mayor control ante las autoridades, responsabilizándose con las tareas de su gobierno y su comunidad, y responsabilizándolo a él.
Opinión Virtual: www.youtube.com/joseisabeles
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