“El secretario de la Defensa Galván, elevó recientemente la posibilidad de invocar el artículo 29 de la Constitución para declarar un estado de excepción el algunas áreas del país que permitirían mayores bases legales para el rol militar en la lucha interna anti narcóticos” (Embajada de México)
En una reunión del 19 de octubre el secretario de la Defensa en México, General Guillermo Galván Galván, expresó ante el director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Dennis Blair, que lamentaba “la ausencia de bases legales para el desplazamiento contranarcóticos interno de los militares”, que no permite consolidar la imagen de que las fuerzas armadas en el país tienen facultades apropiadas para tales operaciones.
Hacer uso del artículo 29 constitucional, “permitiría al presidente declarar un estado de excepción en áreas específicas de crisis y dar a los militares un alcance jurídico más amplio para maniobrar”, señala el cable diplomático.
Posteriormente el ahora ex secretario de gobernación Fernando Gómez Mont, contradijo al secretario de la Defensa y sentenció que el Ejército mexicano tenía entonces “autoridad para operar a petición de autoridades locales en apoyo de operaciones policiacas.”
Gómez Mont aseguró que la aplicación del artículo 29 constitucional no tenía al momento la “urgencia legal o necesidad que Galván sugería”, pero a la vez admitió que el estado de excepción para algunas zonas del país como Ciudad Juárez “había sido discutida.”
En el cable se expone que el artículo 29 no aclara el tipo de derechos a ser suspendidos en las zonas de crisis. Se expresa la preocupación de que México ha firmado la Carta de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, y que ello limitaría que tan lejos podría ir el gobierno federal en la suspensión de garantías a las que se refiere el artículo 29 constitucional.
Se expone que el gobierno mexicano no ha invocado tal artículo “desde que declaró la guerra a Italia, Alemania y Japón durante la Segunda Guerra Mundial.” Lo que destella que no es una decisión que se tome “a la ligera.” Igualmente se ha presentado abstención del gobierno en aplicar la medida aún en los movimientos estudiantiles de 1968, el terremoto de 1985, el levantamiento del EZLN en Chiapas, o las protestas de Oaxaca.
Se apuntan como razones para la negativa, el “contexto democrático en el que ahora opera México”, así como la dificultad de lograrlo debido a la aprobación de las dos cámaras en el Congreso de la Unión, en tanto el presidente Calderón no tiene suficientes legisladores para lograrlo. En este sentido, Calderón enfrentaría un riesgo mayor con el Congreso e incluso un serio costo político.
El cable diplomático finaliza con un comentario, y puntualiza que los beneficios serían en todo caso “limitados.” Se asegura que la visión de Galván es más bien “reflexiva” del deseo militar para obtener “protecciones legales en materia de derechos humanos y otras áreas.” Dado que la medida resultaría “altamente controversial”, es que el gobierno federal ha optado por impulsar reformas legales a la Ley de Seguridad Nacional, ya que las modificaciones traerían consigo un marco legal más firme para los militares en la lucha contra las drogas, y mayores facultades para el presidente de la República en la materia.
Finalmente, muchos medios de comunicación ya han hecho circular la información contenida en estos primeros cables diplomáticos sobre México. Se han ventilado declaraciones que nos pueden resultar desafortunadas pero nada fuera de lo ordinario en política, como los comentarios del presidente Felipe Calderón sobre estar casi seguro de que el presidente venezolano Hugo Chávez financió la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006, o la influencia que Estados Unidos debería tener en América Latina en función de nuestra seguridad nacional.
De cualquier manera, las históricas filtraciones ya amenazan con dañar seriamente las relaciones entre Estados Unidos y México, y más allá, poner en riesgo a dos instituciones pilares de la seguridad del Estado, como lo es la Marina y el Ejército mexicano.
De cualquier manera, las históricas filtraciones ya amenazan con dañar seriamente las relaciones entre Estados Unidos y México, y más allá, poner en riesgo a dos instituciones pilares de la seguridad del Estado, como lo es la Marina y el Ejército mexicano.
Opinión Virtual: www.youtube.com/joseisabeles
Bibliografía
País, E. (03 de diciembre de 2010). Cable sobre la intención del jefe del Ejército de establecer un estado de excepción en algunas zonas de México. Recuperado el viernes 03 de diciembre de 2010, de El País: http://www.elpais.com/articulo/internacional/Cable/intencion/jefe/Ejercito/establecer/estado/excepcion/algunas/zonas/Mexico/elpepuint/20101202elpepuint_46/Tes
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